Las consecuencias nefastas del bombardeo indiscriminado de ALEPO, Syria, y sus posibles afectaciones a Panamá.

El famoso periódico Estadounidense The DAILY NEWS,  de New York, publicó un articulo periodístico el 21 de diciembre del presente año, en donde se dice que el asesinato del señor Embajador de Rusia en Turquía Andrei Karlov, será impactante, pero no fue una sorpresa, sino, retribución por los bombardeos indiscriminados perpetrados por Rusia, Irán, y el presidente de Syria, Bashar al-Assad, el cual es actualmente acusado de haber cometido actos de lesa humanidad en contra de su propia gente.

Ahora bien, los bombardeo al que se refiere el distinguido periodista ocurrió en una región de Syria conocida con el nombre de ALEPO, el cual se constituyó en el último bastón de lucha de los denominados rebeldes que aspiran por la creación de una nueva Syria libre y fundamentado en principios democráticos y no bajo las normas del “sherya law”

que en efecto es una aspecto del KORAN que promulga ciertos principios fundamentales que chocan con los principios democráticos que nos regulan aquí en el occidente, tales como la prohibición de la participación de la mujer en los procesos políticos del país, predican el asesinato de los homosexuales, entre otros.

Los rebeldes que luchaban contra el régimen del dictador Bashar al-Assad, estaban siendo respaldados por los Estados Unidos, en lo que se denomina un “Proxy War”, que según el Secretario de Estado John Kerry, en las horas críticas en donde la administración OBAMA debía tomar la decisión para autorizar o no un respaldo más robusto a los rebeldes; dependía si se llegaba o no a un acuerdo entre las partes, que le otorgaba a los Estados Unidos el PODER DE VETO, en la determinación de los lugares en donde estaría autorizado las fuerzas RUSAS de efectuar bombardeos. Esos intentos fracasaron, de forma tal que se propuso la implementación de una cobertura aérea denomina “The No Fly Zone” la cual brindaría protección a los rebeldes frente al bombardeo inminente que se aproximaba por parte del grupo compuesto por los rusos, iraníes, y las fuerzas leales a Bashar al-Assad. Así las cosas, dice Kerry al Boston Globe, que debido a un choque de poderes, entre él y el Secretario de Defensa, Ash Carter, tampoco se concretó esos esfuerzos.

Debilidad esta, que fue aprovechada por las fuerzas RUSAS y de Bashar al-Assad para bombardear de forma indiscriminada toda la ciudad de ALEPO, acto que solo puede ser descrito como GENOCIDIO, según el secretario de Estado de los Estados Unidos, los Rusos, actúan fuera de cualquier estándar decente de reglas de guerra, están matando mujeres, niños, niñas, ancianos, edificios son bombardeados con habitantes todavía dentro, y cuando los pocos sobrevivientes tratan de escapar son ametrallados en la calle. Es una total tragedia lo que esta pasando en Syria.

Frente a este escenario la venganza del pueblo syrio no se hizo esperar, consumándose el asesinato del embajador Ruso de una forma despiadada, y en público, con el fin de que el mensaje enviado al Kremlin  sea alto y claro, cuando un policía del museo de aproximadamente 22 años de edad, en donde estaba el embajador Ruso,  le dispara por la espalda ocho (8) veces y se para frente y encima de su victima y grita a todos, esto es para Syria y los que murieron en ALEPO.

Analicemos por un momento el panorama internacional actual y el posible escenario de un futuro no muy lejano. Igual que cuando ganó el Presidente Richard Nixon y hereda del Presidente Linden Johnson la guerra de Vietnam, le mando un mensaje alto y claro al VIETCOM, la cual consistía en que el Secretario de Estado de los Estados Unidos le manifestara de forma clara al enemigo que el nuevo presidente es un LOCO, y que tenía el dedo sobre el botón nuclear, la cual obligo al VIETCOM a sentarse en la mesa de negociación poniéndose así fin a la guerra de Vietnam.

Así, mismo, en la actualidad el Presidente electo Donald Trump, esta enviando un mensaje alto y claro al mundo, basado en las personas que esta escogiendo para acompañarlo en su administración. Veamos pues, como secretario de defensa ha nombrado a un General de nombre James N. Mattis cuyo apodo es “Mad Dog Mattis”, general de guerra; Rex W. Tillerson, como Secretario de Estado, empresario multimillonario; General John F. Kelly, como Secretario de Seguridad Interna (Homeland Security) otro general de guerra de trayectoria comprobada; Jeff Sessions, como Attorney General (Procurador de la Nación), abogado de temple que ha sido fiscal general de estado por gran parte de su carrera.

Con la elección del Señor Presidente Electo Donald Trump, el pueblo Norteamericano ha manifestado que no están de acuerdo con la dirección OBAMA, especialmente cuando se trata de su política exterior, los mismos son del criterio que los Estados Unidos, se ha vuelto más débil durante la Administración OBAMA, y claman por un presidente de mas fuerza, que les devuelva su puesto de liderazgo frente a un entorno mundial cada vez más convulsivo. En ese sentido el Presidente Electo ha dado señas claras que es su objetivo cumplir con ese mandato en vista de los nombramientos actuales.

Muchos pensarán al leer este aporte, que suena interesante pero que eso tiene que ver con nosotros los panameños. Mi respuesta a los que piensen así, les digo, que tiene mucho que ver, toda vez, que nuestra economía se basa en el dólar y si los Estados Unidos se avoca a hacer le frente de forma seria a los retos mundiales actuales, es sin duda alguna que afectará el flujo de dólares en el país. De forma tal, que este nuestro Panamá se debe preparar para los acontecimientos que tienen el potencial de materializarse en un futuro cercano, con políticas estatales encaminadas a garantizar independencia en rubros tan fundamentales, como lo es nuestra seguridad alimentaria como país soberano, dando de inmediato un apoyo real, robusto y continuo a la comunidad agropecuaria con el fin de que la mayor parte de nuestros alimentos provengan del Istmo, también debemos tomar ventaja de este pronostico para avocarnos a la Industrialización del país. Toda crisis trae consigo oportunidades, en este sentido, todo conflicto bélico trae consigo la necesidad de industrializar muchos de los procesos a fin de producir en masa, Así púes, Panamá desde ya podría avocarse a un proceso en donde se invite a industrias manufactureras y otros a radicarse en Panamá, la cual produciría un gran numero de empleos en el país. Como ventajas a esas empresas ofrecemos nuestra neutralidad, consagrados en tratados internacionales en virtud de nuestro Canal Interoceánico les ofrece garantía de estabilidad política a la industria, frente a un escenario del tipo descrito aquí.  

Su comentario entorno a este tema es importante. Emita su comentario aquí. También lo invitamos a visitar nuestro Despacho Virtual 24/7 aquí en donde podrá realizar tramites ONLINE.

La Caja de Seguro Social, una institución infectada por el cáncer de la ineficiencia, ineficacia y la corrupción de servidores públicos.

La ineficiencia administrativa de la Caja de Seguro Social, ha alcanzado niveles escandalosos; ¡nada funciona! y ha dado como resultado una institución ineficaz, e incapaz de cumplir la misión de dar salud a la población panameña asegurada.  La actual administración de la Caja de Seguro Social, encabezada por el Dr. ESTIVENSON GIRÓN DESGRENGER como Director General, ha resultado un total fracaso, en donde la combinación letal, conformado por la incapacidad administrativa de la Dirección General, y corrupción de servidores públicos de mando y jerarquía, han dado al traste con una institución noble,

creada por el Dr. Arnúlfo Arias Madrid, mediante la Ley 23 del 21 de marzo de 1941,  con el objeto de resolver la necesidad de los trabajadores panameños y sus familias de recibir buena atención médica y salvaguardar su jubilación. Ahora vemos como hace falta los insumos más básicos, no hay medicina, no hay reactivos, no hay camilla para los pacientes, personal administrativo y de salud brinda una atención descortés para con los usuarios,  licitaciones amañadas, en fin, estamos todos los panameños y extranjeros bajo nuestra jurisdicción, frente a una institución ANÁRQUICA, incapaz de cumplir su misión, tal como se lo manifesté en mi calidad de Abogado Litigante,  al señor Director General, mediante denuncia formal, al igual que he interpuesto denuncias  ante la Procuraduría de la Administración, por Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, en su modalidad de omisión de sus deberes, también hemos interpuesto sendas demandas Contenciosas Administrativas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por violentar derechos de los ciudadanos.

Señor Presidente, el pueblo panameño se merece mejor liderazgo para esta institución de importancia fundamental al bienestar del país. En ese sentido, existe un cuerpo colegiado que tiene como deber fiscalizar el funcionamiento de la institución y en el caso de que en efecto, exista incompetencia por parte de la Dirección General, recomendar al presidente la remoción del Director General. Ese organismo colegiado es le Junta Directiva, la cual tiene la  obligación primordial de “Orientar y Vigilar el buen funcionamiento de la Caja de Seguro Social…” tal como lo dispone el numeral 1 del artículo 28 de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 Orgánica de la Institución; es decir, que el organismo que ha omitido sus deberes es la Junta Directiva, toda vez, que si estuvieran cumpliendo con su mandato de vigilar el buen funcionamiento de la Institución, habrían llegado a la misma conclusión como el resto de los panameños; que la Institución ¡No Funciona! (énfasis agregado) a luz de la continua falta de medicina, falta de insumos básicos, licitaciones amañadas, incumplimiento de las leyes, Abuso de Autoridad por parte de las autoridades de mando y jerarquía de la Institución, en fin, un total desastre administrativo, logístico que ha dado como resultado la prestación de servicios de salud deficiente a la población.

La Caja de Seguro Social, hace años no cumple la misión para la cual fue creada, no por que es una mala institución, sino, por que esta siendo dirigida por personas incapaces de hacer el trabajo, la cual, ahora se han mezclado con servidores públicos corruptos que ya estaban insertas en la administración de la institución, combinación letal que se metastiza de esa forma el cáncer de la ineficiencia e ineficacia en perjuicio de todos los panameños.

Afectaciones de la Tormenta OTTO a Panamá y la Respuesta de las Autoridades

Desde el lunes 21 de noviembre del presente en año todo el Istmo Panameño se ha visto afectado por lo que inicio como una tormenta tropical de nombre “OTTO” la cual se desarrolló en un  fenómeno atmosférico de gran envergadura. Al momento que redacto el presente artículo aproximadamente las 1:56PM, el Señor Presidente de la República Juan Carlos Varela, convoca a la prensa nacional para un comunicado a la Nación en donde el Señor Presidente y su gabinete informa al País que se protejan toda vez, que esperamos que está tormenta se convierta Huracán, no se mencionó la categoría del Huracán, sin embargo el señor Director del SINAPROC, se dedicó a destacar el trabajo de la fuerza de tarea conjunta, en el sentido que se estaba desplegando todo el recurso de esa entidad del estado para brindar ayuda a las personas afectadas.

En vista de la situación de emergencia la cual confronta el país en la actualidad, me parece que la respuesta de las entidades del estado fue tardío. Es decir, no fueron proactivos en cuanto a la respuesta al pueblo, sino, reactivos, a la amenaza. Toda vez, que la tecnología disponible en esta época 2016, permite que se sepa con bastante antelación la proximidad de un fenómeno atmosférico de este tipo, situación que se agrava porque en Panamá no se tiene una conciencia verdadera sobre las mejores prácticas de mitigación de desastres. Sería bueno ver que por lo menos 48 horas antes de que nos veamos frente al fenómeno, el estado con su gabinete en pleno, dando instrucciones a la población de cómo protegerse frente a la amenaza, y las formas efectivas de mitigar las posibles afectaciones. Como ejemplo de la ineficiencia del estado frente a esta emergencia, observamos con preocupación que no fue hasta las 7:35 am, del martes 22 que la señora Ministra de Educación suspendió las clases a nivel nacional, acción omisiva en sus deberes, la cual puso a todos los estudiantes del país en peligro innecesario, porque efectivamente a esa hora ya la mayoría de los estudiantes habían partido a sus respectivas escuelas, colegios, y Universidades, es más, a esa hora muchos de ellos ya estaban en sus aulas de clase. La acción OMISIVA de la Señora Ministra de Educación causó el cáos en todo el territorio nacional, porque los padres de familia se mantenían en incertidumbre con respecto al bienestar de los más pequeños de la casa, no sabían si enviar de nuevo el busito, si pedir permiso del trabajo, en fin ¿Qué hacer? Frente tanta ineficiencia.

Por otro lado, en el Río de UTIBE perdimos a un joven panameño que fue arrastrado por una cabeza de agua, el Padre del joven al tener conocimiento de la trágica noticia, sufre una afectación en su salud, y es llevado por familiares al Hospital de la 24 de Diciembre para recibir ayuda médica de emergencia a luz de su gran perdida, sin embargo, se le fue negada la atención por no poder pagar la atención. Claramente los funcionarios de ese hospital del estado no entienden que el País estaba sumido en una situación de “DESASTRES”, y que parte de la respuesta de estado en estas situaciones es brindar ayuda de emergencias a todos indistintamente del que pueda pagar o no. Es silo otro ejemplo de la mala Administración de la Caja de Seguro Social.

Así las cosas en el País, me permito recordarle tanto a la señora Ministra de Educación, como también al señor Director General de la Caja de Seguro Social, y los otros servidores públicos de mando y jurisdicción. Que, No existe misión más sublime ni objetivo de mayor importancia, que la de proteger en primer lugar la vida, de los ciudadanos del país; sus bienes y honra, es decir, precisamente por eso se les eligió y así lo dicta la constitución Política de Panamá al disponer en su artículo 17 que:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra, y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley…..” (Subrayado es nuestro).

Ahora después que fallece un niño de forma trágica al ser aplastado por un inmenso árbol que le cae encima cuando se dirigía a la escuela; lugar donde debía estar protegido. Estas son las cosas horribles que pasan cuando las autoridades en virtud de su propia omisión, no son proactivos en cumplir con su deber, sino, que son reactivos. Al pueblo pues, solo le toca llorar la tragedia que se pudo evitar.

Nos gustaría saber su opinión sobre el Huracán “OTTO”, sus efectos, y el manejo que las autoridades del estado le dieron a la situación de emergencia atmosférica que confrontó el país.

LOS TERMINOS QUE TIENEN LAS AUTORIDADES PÁRA MANTENER A UNA PERSONA DETENIDA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

Autor: LICDO. PATRICIO JORDAN, ESQ.

Saludos, soy el LICDO. PATRICO JORDAN, Abogado – Attorney At Law. El objetivo del Boletín Informativo Legal “LEX COMUNUS – LEY COMÚN” es la de desarrollar temas jurídicos técnicos de forma simple y diáfana para el entendimiento del ciudadano común, en cumplimiento de la obligación social de la Firma de Abogados BUFETE JORDAN.

En el aporte anterior de LEX CUMUNUS - LEY COMUN, desarrollamos el tema de las condiciones que deben existir para que la policía ejecute la detención del ciudadano dentro del marco legal.

En este tercer aporte, desarrollamos de forma simple los términos dispuestos por ley que tiene la autoridad frente a la detención del ciudadano. Tal como hemos expuesto anteriormente, existen ciertas condiciones que autoriza a la Policía arrestar a una persona; uno, la persona es capturada en flagrante comisión del hecho punible; dos, La policía observa la comisión del hecho punible e inmediatamente da persecución al posible vinculado capturándolo y ejecutando el arresto; tres, la persona se ha fugado de un centro penitenciario o de un establecimiento de detención. En este escenario el artículo 233 del Código Procesal Penal dispone en su parte pertinente que:

“El agente policial que haya aprehendido a una persona la deberá conducir inmediatamente al Ministerio Público, que verificara de manera inmediata si hay merito para presentarla ante el juez de Garantías dentro del plazo establecido en este código”

Ahora bien, el citado articulo es claro al disponer dos términos para dos acciones en especifico, uno, una vez el agente policial a ejecutado el arresto, esta obligado a presentar a la persona de forma inmediata ante el agente de instrucción sumarial del Ministerio Público de turno a fin de que el mismo determine si existe o no méritos para llevar la causa ante juez de garantías, y en segundo lugar, el termino dispuesto por este artículo recae en el agente de instrucción para presentar la persona ante el Juez de garantía previa evaluación de los méritos expuestos en el informe policial, la cual debe ser en un termino no mayor de 48 horas.

El otro término que analizamos, es el dispuesto en los casos en que el Ministerio Público ha ordenado la aprehensión de una persona cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que es autora o participe de un delito y cuando la investigación así lo amerite. Frente a este escenario el artículo 235 del Código Procesal penal dispone que:

“El Ministerio Público deberá poner a disposición del Juez de garantías a la persona aprehendida dentro de las 24 horas siguientes a su recibo….”

Cuando la norma es clara no requiere interpretación, sin embargo, el artículo 235 es aplicada de distintas formas dependiendo muchas veces de la eficiencia y voluntad del funcionario responsable de la causa. En el caso de que se vea frente a violaciones de los derechos dispuestos por las normas jurídicas aquí citadas, recomendamos contactar al Abogado PATRICIO JORDAN, de forma inmediata a fin de que se interponga las acciones necesarias para garantizar la correcta tutela de sus derechos.

Así las cosas. El término para que el Juez de Garantías determine la legalidad o no de la detención lo encontramos en el artículo 226 del Código procesal Penal, la cual dispone en su parte pertinente que:

“Cuando el imputado está privado de su libertad, el Juez fijará audiencia para decidir la aplicación de la medida cautelar personal dentro de las 48 horas siguientes a la privación de libertad, para legalizarla aprehensión…..”

En la praxis este artículo ha sido objeto de intenso debate, toda vez, que según lo dispuesto por el articulo 226 el término de 48 horas que dispone el juez para fijar audiencia inicia desde el momento que la persona es privada de su libertad, es decir, que el mismo inicia desde el momento del arresto, sin embargo, existe algunos conocedores que la interpretan asignando el momento de inicio de termino, cuando el agente de instrucción del Ministerio Público recibe formalmente la causa dando le entrada con la cabeza de proceso.

En mi calidad de Abogado defensor soy del criterio que efectivamente el termino dispuesto por el articulo 226 debe iniciar desde el preciso memento en que la persona es detenida y se le es informada de sus derechos constitucionales. Sin embargo, mi experiencia como ex secretario judicial de la Fiscalía Auxiliar me enseña que el cumplimiento de esta norma no es nada fácil, por tal motivo el Ministerio Público debe ser dotado con los recursos necesarios para cumplir la misión, cosa que no ocurre en la actualidad.

El arresto, la detención, aprehensión de una persona es cosa muy seria, toda vez, que implica la intervención e interrupción de un derecho fundamental debidamente tutelada nuestro ordenamiento constitucional en su articulo 21. Y por el mas alto, porque somos hombres y mujeres libres en Panamá.

En el caso de que se vea frente a una detención legal o ilegal debe contactar al Abogado PATRICIO JORDAN, ESQ, al 6-486-6544 o visítenos en www.bufetejordan.com y síganos en Face Book, Twitter a fin de que nuestra firma interponga las acciones legales necesarias para garantizar el respeto a su derecho de ser libre.

¡DIOS BENDIGA A MI PANAMÁ BELLA!  

LA FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO COMO VEHÍCULO DE PROTECCIÓN EFECTIVA DEL PATRIMONIO.

Publicado por: Licdo. Patricio Jordan, Abogado y el Licdo. ARIEL QUIJANO, Abogado.

El ordenamiento jurídico panameño, tuvo el tino de incluir entre  las instituciones que conforman nuestra plataforma de servicios jurídicos especializados,  a lo que algunos denominan erradamente,  servicios Off Shore, es decir, una institución jurídica dedicada a la protección de activos, más que todo familiares.  Nos referimos a la Fundación de Interés Privado.

La ley 25 de 12 de junio de 1995, que en efecto creó y regula en la actualidad las Fundaciones de Interés Privado  fue inspirada en las fundaciones familiares del Principado de Liechtenstein, y data de 1995.  Ésta es una figura jurídica que tiene como finalidad la administración de bienes, de manera independiente de los del fundador, gestión que desarrolla a través  de  un organismo denominado Consejo Fundacional que desempeña su labor a favor de el o los beneficiarios, que son designados por el Fundador, pudiendo ser uno de éstos el propio fundador, sin que esto implique ninguna violación a la Ley.

Para constituir una fundación de este tipo en la República de Panamá se requiere principalmente dos documentos, uno, es el Acta Fundacional, que se hace pública a través de su inscripción en el Registro Público y el otro,  denominado Reglamento, que es eminentemente privado, por cuanto sus disposiciones no requieren inscripción y el cual establece las disposiciones importantes que le otorga el marco legal operativo a la fundación. El Reglamento es donde se hace constar la información relacionada a los beneficiarios y la forma de administración y distribución de los beneficios, por tanto en la mayoría de los casos se mantiene privado.

La fundación de interés privado constituye una herramienta eficaz para mantener el anonimato de los beneficiarios de la fundación y un medio ideal para el establecimiento de directrices en cuanto a la repartición o administración de bienes incluso después de la muerte del fundador, que estará a cargo del Consejo de la Fundación, además de los organismos que se hayan creado para tales efectos, como por ejemplo, la figura del protector y/o auditor supervisor o fiscal para garantizar el debido cumplimiento de las disposiciones.
VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA FUNDACIÓN DE INTERES PRIVADO.

A diferencia de otras fundaciones, ésta no exige la nacionalidad panameña para ser miembro del consejo de fundación ni exige que el capital mínimo para constituir una fundición sea aportado con anterioridad a la constitución de la fundación.

La fundación excluye la figura de los "herederos forzosos" y constituye un medio legal para impedir que los herederos forzosos puedan ejercer acciones contra los bienes de la fundación, independientemente del domicilio del fundador.

Privacidad en la información. Se preserva el anonimato del o los beneficiarios, toda vez que no tiene que hacerse constar el nombre en ningún registro de carácter público.

Los bienes de la fundación adquieren un carácter autónomo con respecto a los bienes del fundador, y son inembargables, excepto por obligaciones o daños ocasionados por la propia fundación en cumplimiento de sus fines.

El fundador puede ser una persona jurídica. Este aspecto se constituye en un beneficio importante, en el sentido de que el fundador tiene la opción inclusive de constituir otra persona jurídica, que a su vez se constituye como fundador de la fundación. Brindándole de esa manera un blindaje extra a los bienes de la fundación.

Las transacciones de la fundación, que se realicen fuera de Panamá, están exentas de impuesto por las leyes panameñas y no es requerido que se presente declaración de renta sobre dichas actividades. 

REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA FUNDACIÓN DE INTERES PRIVADO.

Nombre. La única restricción que establece le ley es que el nombre tiene que ser dado en letras del alfabeto latino y llevar la palabra “Fundación”, no pudiendo coincidir con otro nombre ya existente en el Registro Público.

Capital o patrimonio. Puede ser expresado en cualquier moneda de curso legal, pero en cualquier caso deberá representar no menos de diez mil balboas (B/.10,000.00). Este capital no tiene que ser pagado para la constitución de la fundación y pude ser aumentado, lo que ocasionalmente ocurre con posterioridad a su constitución. No tiene que ser inscrito el nuevo capital en el Registro Público, lo cual permite discrecionalidad en este aspecto.

Designación del miembro o de los miembros del Consejo de fundación. El consejo de la fundación, o como comúnmente se le conoce, consejo fundacional, puede ser constituido por una sola persona, si se trata de una persona jurídica, o bien, por tres personas naturales, quienes deberán hacer constar la dirección o domicilio donde puedan ser localizados.

El fundador puede ser miembro del consejo fundacional, e incluso pueden establecerse condiciones, como que las decisiones deben adoptarse con el consenso unánime de sus miembros.

Domicilio de la fundación. La designación del domicilio de la fundación en Panamá, le otorga ventajas de carácter fiscal, por cuanto puede la fundación administrar actividades que surta sus efectos en el extranjero, que no serán gravadas por las leyes panameñas.

El nombre y domicilio del agente residente de la fundación en la República de Panamá. Este deberá ser un abogado o firma de abogados, que se encargará de refrendar el acta fundacional. La intención de esta disposición es que ante el requerimiento de alguna autoridad se pueda contactar a través del abogado a las personas relacionadas con la fundación.

Fines de la fundación. El elemento diferenciador de la fundación de interés privado con respecto a la sociedad anónima, es el fin al que se dedican. De acuerdo a la legislación vigente, no puede la fundación dedicarse al comercio, sino a fines dirigidos a la administración, pudiendo solamente de manera ocasional y en beneficio de la fundación, realizar actos de comercio. Las fundaciones no están ideadas para que se dediquen al comercio, sino que administren los bienes de los cuales se obtienen los beneficios, como por ejemplo, las sociedades holding, que son las sociedades que tradicionalmente se utilizan como tenedoras de los bienes y que ejercen como meras administradoras. En virtud de lo anterior, no es posible que una sociedad obtenga una licencia comercial, constituyéndose en mecanismo de administración puro.

Designación del o los beneficiarios de la fundación. Hablamos anteriormente del acta fundacional, que es el documento constitutivo de la fundación, pero adicional a este documento, y quizás de mayor trascendencia para la fundación, lo es el reglamento, que no requiere ser inscrito en el Registro Público. Éste es el documento en el que a partir del marco fundamental que es el acta de la fundación, se desarrollarán los procedimientos y las reglas para la aplicación de los beneficios y la designación de aquellas personas que los recibirán, donde puede estar incluido el fundador.

Confidencialidad. A pesar del beneficio de la privacidad, también permiten las fundaciones que se designe al o los beneficiarios de la fundación en el acta fundacional.

MODIFICACIÓN DEL ACTA FUNDACIONAL.

La posibilidad legal de modificar el acta fundacional usualmente recae de manera exclusiva en el fundador, sin embargo si se dispusiese que otra persona goce de tal derecho, entonces deberá recogerse en el acta fundacional.

DURACIÓN DE LA FUNDACIÓN.

La duración de la fundación puede ser perpetua o por tiempo determinado.
Disolución. La ley establece una serie de causales para la disolución de la sociedad, como por ejemplo, que la fundación haya cumplido el fin para el cual fue constituida o encontrarse en estado de insolvencia, entre otras, pero en todo caso debe establecerse el destino que se le dará a los bienes y la forma cómo se liquidarán, en caso de disolución. También se puede adicionar cualquier tipo de cláusula referente a cualquier aspecto de la fundación.
BENEFICIOS ADICIONALES DE LA FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO.

La existencia de disposiciones legales en materia hereditaria en el domicilio del fundador o de los beneficiarios, no será oponible a la fundación, ni afectará su validez ni impedirá la realización de sus objetivos, en la forma prevista en el acta fundacional o en su reglamento. Esta disposición es de gran trascendencia con respecto a las legislaciones que en materia hereditaria cuentan con la figura del heredero forzoso, en cuyo caso los bienes que sean transferidos a la fundación no se verán afectados por las leyes del domicilio del fundador. Incluso esta facultad se ve reforzada por las disposiciones legales que rigen el sistema bancario panameño, ya que para tales efectos, los "bienes de que sean titulares, o fideicomitentes o beneficiarios, personas que no sean panameñas ni residentes en la República de Panamá al momento en que se perfeccione la transferencia de los bienes", serán sometidos a la legislación panameña al momento en que sean "transferidos o depositados en Bancos, ya sea en concepto de depósito, o a título de mandato o fideicomiso, o a cualquier otro título," salvo que existan disposiciones en otro sentido, en los instrumentos por los cuales se efectúa la transferencia.

 

Nos pareció importante que los galenos tuvieran ocasión de conocer este instituto legal, que por su transcendencia en el ramo de la protección de activos, puede ser de mucha utilidad para que los profesionales independientes, en su gran mayoría, puedan disfrutar de los beneficios y ventajas que dispensan las fundaciones de interés privado, en cuanto a la capacidad que tienen para proteger activos de los fundadores, permitiendo en este caso a los médicos que se constituyan en fundadores de una fundación de interés privado, establecer una separación patrimonial entre sus bienes y los bienes de la fundación y  consecuentemente haciendo inembargables aquella parte del patrimonio  que sean traspasados a la fundación, una vez se cumpla un requisito de temporalidad, evitando así al fundador el riesgo de exposición contra acciones legales de carácter civil,  promovidas en su contra por terceros, que vayan acompañadas de medidas cautelares sobre sus bienes.

 

 

EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LO BUENO, LO MALO, Y LO FEO.

A dos semanas de la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial, brinda una excelente oportunidad de explicar de forma sencilla en que consiste este novedoso sistema de juzgamiento penal. Debido a lo extenso del tema abordaremos uno de los temas en esta edición.

Uno de los grandes cambios que introduce este sistema consiste en la oralidad como elemento fundamental por medio del cual se desarrolla la mayor parte de las acciones judiciales, y de instrucción sumarial.  Por ejemplo, antes de que se implementara el Sistema Penal Acusatorio, la detención Preventiva era dictada y declarada por el agente de instrucción una vez satisfecha una serie de criterios jurídicos. Con la implementación del SPA, esa función es trasladada al Juez de garantías, la cual es el que determinará la legalidad o no de la detención preventiva del imputado, en audiencia oral en donde el Ministerio Público por medio de su agente de instrucción presentará al juez de la causa los elementos de convicción que permitan establecer certeza de que en efecto se ha cometido un ilícito prescrito por nuestro ordenamiento penal, y que la persona identificada es la persona vinculada al hecho punible. Claramente, la oralidad según lo dispuesto por el artículo 128 del Código Procesal Penal, junto a la implementación de funciones separadas y definidas entre el agente de instrucción y el Juez permite incrementar la eficacia con la cual se administra justicia, principalmente reduciendo el tiempo del proceso.

Por otro lado, como un ejemplo claro de lo malo del SPA, se ha observado cómo se ha procedido a la implementación del sistema, sin que los organismos llamados a ejecutarla por parte del estado cuenten con los recursos necesarios para cumplir con las exigencias legales del mismo. Esto se hace evidente al observar como el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, so pretexto de hacer le frente a las necesidades de incrementar personal, realiza una serie de nombramientos de jueces y otros funcionarios de forma interina, es decir, fuera del marco de la carrera administrativa.  Esto es preocupante, toda vez, que este sistema descansa sobre los hombros de los servidores públicos que la ejecutan, de forma tal, que su independencia e imparcialidad debe ser salvaguardada; y al nombrarlos de forma interina compromete estos principios, por el temor que podrían sentir estos funcionarios al momento de ejercer sus funciones y que afecten los intereses de alguien poderoso, podrían verse sujetos de amenazas de ser despedidos, y/o otros tipos de presiones indebidas.

Como lo Feo del Sistema Penal Acusatorio, se materializa un fenómeno digno de análisis. Con la recién implementación del SPA, en el Primer Distrito Judicial de Panamá,  se observa con suma preocupación que con el afán de concluir rápidamente el proceso, los actores del sistema por parte del estado como lo son los agentes y oficiales de policía, agentes de instrucción, detectives y otros, al ponerse en contacto con el o los posible vinculados al hecho punible, de forma inmediata se le recomienda que lleguen a un acuerdo con la Fiscalía, en virtud a los dispuesto por el Capítulo II, Conciliación y Mediación, en donde el artículo 204 dispone que:

“reglas Generales. La investigación o el proceso pueden terminar a través de las formas alternas de resolución de conflictos. Las cuales se rigen por las siguientes reglas:

1.   Dominio de la autonomía de la voluntad de las partes, rectitud, honradez, equidad, imparcialidad, confidencialidad, economía, eficacia, neutralidad, prontitud y buena fe.…..”

El arriba citado articulado efectivamente permite que entre las partes se pueda llegar a un acuerdo que permita la resolución del conflicto rápidamente. Sin embargo; se debe tener cuidado de no caer en abuso de estas facultades, porque se podría estar violando el sagrado derecho de defensa técnica que tiene el imputado, al introducirle en muchas ocasiones, inclusive antes de que el mismo pueda consultar con un abogado de las implicaciones técnicas jurídicas que tiene su caso, que el mismo tiene la habilidad, o facultad de poder llega a un acuerdo con el fiscal de la causa y resolver de forma rápida la causa sin poder estudiar de forma concienzuda la viabilidad jurídica del sumario.

Estos abusos pueden ser motivados por el conocimiento previo del representante del Ministerio Público de un sumario plagado de defectos de hecho y derecho. Sabiendo estos servidores públicos persuaden al imputado a llegar a un acuerdo por que se sabe que con el sumario imperfecto existente, frente a un juicio no contaría  con los elementos de convicción para obtener un fallo de culpabilidad. En este sentido, si el imputado se enfrenta a este fenómeno probablemente llegará a un acuerdo sin saber que en realidad si fuera a juicio sería encontrado NO culpable de los cargos imputados.

El otro lado de la moneda consiste en que en los casos en que se está frente a una persona que efectivamente ha cometido el hecho punible y en el expediente se encuentra suficientes elementos de convicción para vincular a la persona imputada. En estos casos el representante del Ministerio Público motivado muchas veces por sumarios imperfectos, toma la decisión de llegar a un acuerdo con el imputado, resultando esto efectivamente en una forma pasiva de impunidad.

En el caso de que se vea frente a un proceso penal en este nuevo Sistema Penal Acusatorio, obtenga representación legal competente contactando a Bufete Jordan al 507-6-486-6544 al e-mil: medstarbilling@gmail.com  o clientes@bufetejordan.com , en caso de emergencia contáctenos aquí, o visite nuestro sitio web www.bufetejordan.com

QUE DIOS BENDIGA A MI PANAMÁ BELLA.

INTRODUCCIÓN, DEL LICDO. PATRICIO JORDAN, ESQ. AL BOLETÍN INFORMATIVO “LEX CUMUNUS”.. LEY COMÚN

El Boletín Informativo “LEX COMUNUS”...LEY COMÚN, tiene como objetivo fundamental, desarrollar temas jurídicos de forma simple para el entendimiento fácil del público en general. El criterio utilizado para la escogencia de los temas provienen de diversas fuentes; entre estas, las solicitudes hechas por los receptores del boletín, y/o situaciones del diario vivir en la República de Panamá que afecte derechos de los ciudadanos. La Firma de Abogados Bufete Jordan, en cumplimiento de su obligación social, publica este boletín a fin de aportar a la colectividad su conocimiento en asuntos legales de forma práctica y creativa.

Nuestra motivación se fundamenta en que el hombre de Leyes, es ese hombre que ha jurado a Dios, a sí mismo, y la a patria, dedicar su vida al incansable estudió de las Normas Jurídicas, defender ante los juzgados y Tribunales los intereses que mejor sirven a la justicia, adquiere también otra obligación sublime al ejercer la profesión, consistente en no solo proveer luz a los Tribunales de justicia por medio de argumentos basados en hechos y el derecho que la sustenta o por otro lado ser eficiente en la tramitación de negocios institucionales, existe la obligación de ofrecer orientación al ciudadano en virtud del conocimiento que posee.

Cumplir con estas obligaciones para el abogado no es cosa fácil, requiere entre otras cosas el continuo y perpetuo estudio de las distintas facetas de la Normativa Jurídica, y  como complemento de esa preparación intelectual, lo que separa el Abogado excelente del mero buen Abogado,  es su buen juicio bajo presión y habilidad, en todo alegato, argumento, negociación o enjuiciamiento. Es la calidad y la manera de utilizar el buen juicio en situaciones de alta presión lo que permite al abogado identificar las oportunidades licitas y como tomar ventaja de ellas; y es esa capacidad del excelente abogado es la que le permite alcanzar los objetivos fijados.

Bufete Jordan, es una firma de Abogados que trae al mercado una nueva forma eficiente de cumplir con los objetivos de nuestros clientes, radicada en nuestro lema “LEX”, en donde la letra “L” significa que todo lo que hacemos en la firma lo hacemos en el marco de la legalidad; la letra “E” representa la eficiencia y eficacia en que se desarrolla todas las actividades de la firma, y la letra “X” ilustra la experiencia colectiva que todos los abogados de la firma le ofrece a nuestros clientes.

En el caso de que se vea frente a una situación en donde necesite los servicios de un Abogado eficiente, contáctenos al 507-6-486-6544 / 507-396-0586 / al e-mail: medstarbilling@gmail.com o a clientes@bufetejordan.com para mayor información visítenos en www.bufeejordan.com también contáctenos aquí

INTRODUCCIÓN, DEL LICDO. PATRICIO JORDAN, ESQ. AL BOLETÍN INFORMATIVO “LEX CUMUNUS”.. LEY COMÚN

El Boletín Informativo “LEX COMUNUS”...LEY COMÚN, tiene como objetivo fundamental, desarrollar temas jurídicos de forma simple para el entendimiento fácil de público en general. El criterio utilizado para la escogencia de los temas provienen de diversas fuentes; entre estas, las solicitudes hechas por los receptores del boletín, y/o situaciones del diario vivir en la República de Panamá que afecte derechos de los ciudadanos. La Firma de Abogados Bufete Jordan, en cumplimiento de su obligación social, publica este boletín a fin de aportar a la colectividad su conocimiento en asuntos legales de forma práctica y creativa.

Nuestra motivación se fundamenta en que el hombre de Leyes, es ese hombre que ha jurado a Dios, a si mismo, y la patria, dedicar su vida al incansable estudió de las Normas Jurídicas, defender ante los juzgados y Tribunales los intereses que mejor sirven a la justicia, adquiere también otra obligación sublime al ejercer la profesión, consistente en no solo proveer luz a los Tribunales de justicia por medio de argumentos basados en hechos y el derecho que la sustenta o por otro lado ser eficiente en la tramitación de negocios institucionales, existe la obligación de ofrecer orientación al ciudadano en virtud del conocimiento que posee.

Cumplir con estas obligaciones para el abogado no es cosa fácil, requiere entre otras cosas el continuo y perpetuo estudio de las distintas facetas de la Normativa Jurídica, y  como complemento de esa preparación intelectual, lo que separa el Abogado excelente del mero buen Abogado,  es su buen juicio bajo presión y habilidad, en todo alegato, argumento, negociación o enjuiciamiento. Es la calidad y la manera de utilizar el buen juicio en situaciones de alta presión lo que permite al abogado identificar las oportunidades licitas y como tomar ventaja de ellas; y es esa capacidad del excelente abogado es la que le permite alcanzar los objetivos fijados.

Bufete Jordan, es una firma de Abogados que trae al mercado una nueva forma eficiente de cumplir con los objetivos de nuestros clientes, radicada en nuestro lema “LEX”, en donde la letra “L” significa que todo lo que hacemos en la firma lo hacemos en el marco de la legalidad; la letra “E” representa la eficiencia y eficacia en que se desarrolla todas las actividades de la firma, y la letra “X” ilustra la experiencia colectiva que todos los abogados de la firma le ofrece a nuestros clientes.

En el caso de que se vea frente a una situación en donde necesite los servicios de un Abogado eficiente, contáctenos al 507-6-486-6544 / 507-396-0586 / al e-mail: medstarbilling@gmail.com o a clientes@bufetejordan.com para mayor información visítenos en www.bufeejordan.com también contáctenos aquí

LA DUDA RAZONABLE

Preparado por: LICDO. PATRICIO JORDN, ESQ. Abogado – Attorney At Law

Este término célebre por excelencia representa el estándar del proceso penal.  Ahora bien, para entender correctamente este standard, es necesario definir el termino, “Duda Razonable”, la cual está compuesta por dos términos a saber; uno, duda; y dos, Razonable, Veamos pues, que el termino razonable es complemento de la duda, es decir, que el sentido central o fundamental lo da la duda, en ese sentido antes de calificar de razonable, tiene que existir por fuerza la duda. Entonces, ¿Qué es la duda? Según el Diccionario de Derecho, Valletta, 1ra edición 2008, ISBN 978-950743-308-5, la duda significa “Cuestión que se propone para ventilarla o resolverla. Suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones.” Es decir que la omisión de la resolución o resuelto entre la pretensión de uno u otro constituye una duda, una vez, establecida la duda es necesario determinar si esta es razonable, en eses sentido, la duda debe ser tal que se pueda establecer de forma clara en la mente de una persona razonable, en materia penal, se refiere a si el imputado es culpable o no de los cargos que se le imputan. Tal como podemos observar, una vez establecida la omisión de la resolución de decidir, constituye la duda, y si está presente en la mente de una persona razonable, entonces, estamos frente a la duda razonable; elemento fundamental para determinar la culpabilidad o no del imputado.  En este mismo orden de ideas, cuando el imputado se ve frente a un proceso penal, es la labor del abogado defensor establecer la duda en la mente del jurado razonable, a fin de garantizar la absolución de su cliente basado siempre en los hechos y derecho de la causa particular. Por otro lado, entonces es labor del fiscal de la causa presentar al debate jurídico un expediente pulcro, y maduro en el caso de que se opte por solicitar al juez de la causa Auto de llamamiento a Juicio, toda vez, que por medio del expediente y solo el expediente de la cause se debe de determinar la culpabilidad o no del encartado.

Como antecedente del uso del standard “duda Razonable”en el sistema de justicia Occidental,tenemos que se origina en la Inglaterra medieval. En el derecho común inglés con anterioridad al estándar de "duda razonable”, dar un veredicto en juicios criminales tenía repercusiones religiosas severas para los miembros del jurado. Según ley judicial anterior a 1780, el miembro del jurado que declara a cualquier otra persona culpable, está sujeto a la Venganza de Dios sobre su Familia y Negocios, Cuerpo y Alma, en este mundo y en aquél por venir. ^[]Se creía también que en cada caso de duda, donde la propia salvación está en peligro, uno siempre tiene que tomar el camino más seguro.... Un juez en duda tiene que rechazar juzgar.^[Fue en reacción a estos "miedos religiosos" que la "duda razonable" fue introducida en el siglo XVIII tardío al derecho común inglés, permitiendo de ese modo a los jurados condenar más fácilmente. Por lo tanto el uso original del estándar de "duda razonable" era opuesto a su uso moderno de limitar la capacidad de condenar del miembro del jurado.Aun así, los jurados en los tribunales criminales en Inglaterra ya no son orientados habitualmente a considerar si hay "duda razonable" sobre la culpa de un acusado. De hecho, una condena reciente fue apelada después de que el juez había dicho al jurado " tienen que estar satisfechos de la culpa más allá de toda duda razonable." La condena fue confirmada pero el Tribunal de Apelación dejó clara su disconformidad con el comentario del juez, indicando que el juez en cambio tendría que haber dicho al jurado sencillamente que antes de que puedan entregar un fallo condenatorio, "tienen que estar seguros de que el acusado es culpable".

El principio de 'más allá de una duda razonable' fue expuesto en: Woolmington v DPP [1935] UKHL 1

"A los jurados siempre se les dice que si la condena debe ser dada, la fiscalía tiene que haber probado el caso más allá de una duda razonable. Esta declaración no puede significar que para ser absuelto el prisionero tiene que "satisfacer" al jurado. Esta es la ley tal como la estableció el Tribunal de Apelación en lo Penal en R. v. Davies (8 C.Un.R. 211) cuyo sumario correctamente declara que dónde la intención es un elemento del delito, no es carga de la Defensa probar que el acto fue accidental. A través de la telaraña de la Ley Penal Inglés un hilo de oro siempre está a la vista, y es el deber de la fiscalía para demostrar la culpabilidad del prisionero, sujeto a lo que ya he dicho en cuanto a la defensa de la locura y sujeto también a cualquier excepción legal. . Si, al final y en el conjunto del caso, hay una duda razonable, creada por la evidencia rendida por la acusación o el prisionero, en cuanto a si el preso mató al difunto con una intención maliciosa, la fiscalía no justificó el caso y el prisionero tiene derecho a una sentencia absolutoria. No importa cuál sea la acusación o el juicio, el principio de que la acusación debe probar la culpabilidad del detenido es parte de la ley común de Inglaterra y ningún intento de reducirlo gradualmente hacia abajo puede ser sostenido.

Es de importancia soslayar que la legislación panameña dispone que en materia penal es el Ministerio Público representado por el fiscal de la causa, el que tiene la responsabilidad de probar la culpabilidad del encartado; en concordancia con el artículo 110 del Código Proceso Penal Patrio al disponer que:

“Ejercicio de la acción penal. La acción penal es pública y la ejerce el Ministerio Público conforme se establece en este código, y podrá ser ejercida por la víctima en los casos y las formas previstos por la Ley.

Los Agentes del Ministerio Público tendrá la obligación de ejercer la acción penal, salvo en los casos que la Ley autoriza a prescindir de ella.

También la ejerce la asamblea nacional según lo establecido en la constitución Política y la Ley.”

En vista de lo aquí dispuesto, no se debe dejar de lado la importancia que tiene, que no obstante que el Ministerio Público ejerce la acción Penal, está acción debe ser ejercida a pegada a los requisitos y formalidades que satisfaga el derecho que tiene el imputado al “Debido Proceso”, derecho de carácter fundamental debidamente tutelado por la constitución Política de Panamá en su artículo 32 al disponer que:

“Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”

El proceso penal es complejo en virtud de su naturaleza, toda vez, que siempre está en juego el bien jurídico más preciado del ser humano, la libertad, de forma tal, que se requiere la intervención de defensa técnica en el punto más temprano de la instrucción sumarial. El Licdo. Patricio Jordan, ESQ. Ex secretario Judicial de la Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá, posee el conocimiento jurídico procesal, y la eficiencia para garantizar la correcta tutela de todos los derechos de sus clientes. Contáctenos al (507)-6486-6544, e-mail: medstarbilling@gmail.com