Publicado por: Licdo. Patricio Jordan, Abogado
- Attorney At Law.
Ahora bien, el
ordenamiento procesal penal que regula el Sistema Penal Acusatorio establece
tres fases especificas identificadas como la fase de investigación, la fase
intermedia y la fase de juicio oral. Para los efectos de este aporte,
analizaremos la primera fase de este sistema. Así pues, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 271, el proceso penal puede iniciarse de tres formas
especificas, uno, de oficio, la cual ocurre cuando la "notitia crimini"
llega a conocimiento de la autoridad competente y se trata de un tipo penal que
se investiga de oficio, es decir, no se necesite denuncia o querella para que
actúe el Ministerio Público; la segunda forma es mediante la denuncia, la cual
ocurre cuando por medio de una denuncia ciudadana se hace llegar la "notitia
crimini" al Ministerio Público a fin de que inicie la acción penal, y el
tercero, es mediante la querella, que ocurre cuando la "notitia crimini"
llega al Ministerio Público mediante el escrito de constitución de una querella
penal, cabe señalar que mediante la querella el Ministerio Público adquiere la
competencia para investigar tipos penales que solo pueden ser investigados a
partir de una querella, como lo son por ejemplo los Delitos Contra el Honor de
la Persona Natural.
La fase de investigación en materia penal puede o no
iniciar a partir de la audiencia de imputación de cargos, lo que sí es
importante destacar aquí, es que a partir de la audiencia de imputación de
cargos, en la mayoría de los casos el Juez de Garantías resuelve un periodo de
seis (6) meses para que el Ministerio Público complete la investigación y proceda
con la acusación en contra del imputado, la cual efectivamente da inicio a la fase
intermedia.
Durante el periodo de seis meses otorgado al
Ministerio Público por el Juez de Garantías, para que mediante el ejercicio de
la acción penal complete la investigación que arroje los elementos de
convicción que acrediten el hecho punible y la respectiva vinculación del
imputado, existen algunos actos que el Ministerio Público no pueden ejecutar
sin antes contar con la autorización del Juez de garantías. Entre estos actos tenemos
el Allanamiento de Residencias, acto que por su naturaleza de inculcar
derechos fundamentales como lo es la protección de la privacidad y la propiedad
privada bienes jurídicos tutelados a nivel constitucional, requiere que antes que
sean ejecutadas el Fiscal de la causa solicite y motive ante el Juez de Garantías
los hechos que hacen necesario que él autorice el acto de Allanamiento a
Residencia. El sustento legal lo encontramos en lo establecido por el artículo
293, del Código Procesal Penal al disponer que:
"Allanamiento de residencias. En el caso de ser
necesario registrar un lugar habitado o sus dependencias inmediatas, el
allanamiento será autorizado por el Juez de garantías, previa petición
fundamentada del Fiscal."
Efectivamente como observamos la norma Id, obliga al
Fiscal a solicitar autorización antes de allanar la residencia o su inmediación.
Esto cobra importancia durante la audiencia de fase intermedia en la sección
denominada alegaciones previas, donde se debaten las incompetencias, nulidades,
impedimentos, y recusaciones, de conformidad con el artículo 345, del Código
procesal Penal. En esta fase del proceso se requiere el ojo crítico del Abogado
Defensor, toda vez, que durante la audiencia de Fase Intermedia el Fiscal querrá
fundamentar tanto el hecho punible como la vinculación del imputado en cosas
materiales posiblemente obtenidos como resultado de la diligencia de
allanamiento, de forma tal, que la defensa técnica debe tener certeza que todos
los objetos materiales son el resultado de allanamientos que se ejecutaron
dentro del marco legal. En este sentido, en algunas ocasiones mediante la
utilización de tecnicismos jurídicos el Fiscal intenta legalizar un
allanamiento con vicios de nulidad. Un ejemplo de esto es cuando se ejecuta un
allanamiento y en la residencia solamente se encuentra una persona menor de
edad. En estos casos, el Fiscal debe detener la diligencia y poner en
conocimiento a las autoridades competentes del menor a fin de salvaguardar su
seguridad, y posteriormente proceder con el allanamiento. Sin embargo, en algunas
ocasiones, en la praxis lo que sucede es que el Fiscal continua con la
diligencia y después pone en conocimiento a las autoridades competentes del menor.
En estos caso el Abogado debe de traer este hecho al conocimiento del Juez de Garantías
y argumentar la NULIDAD del acto por violaciones al debido proceso.
Por otro lado, existe un numero plural de actos investigativos
que el Ministerio Público, puede ejecutar sin la obligación de contar con la
autorización del Juez de Garantías. estos acto los encontramos debidamente
normados en capítulo IV, del Código procesal Penal. Entre estos actos se
encuentra la célebre Inspección Ocular del Lugar de los Hechos. Para estos
menesteres el artículo 318, de nuestro ordenamiento procesal dispone que:
"Inspección del lugar de los hechos. Los
funcionarios de los organismos de investigación, bajo la dirección de Fiscal
encargado, deben custodiar el lugar del hecho y comprobar, mediante la
inspección del lugar y de las cosas, los rastros, y otros efectos del hecho
punible."
Claro que sí, los agentes de investigación bajo la
dirección de Fiscal encargado una vez tengan conocimiento del hecho punible no necesitan
la autorización del Juez de Garantías para inspeccionar el lugar del hecho, al
igual las cosas que en ella se encuentren vinculadas, también los rastros
encontrados y cualquier otro efecto material vinculado al hecho punible.
En nuestra próximo aporte
estaremos abordando otros aspectos de importancia que la Fase de Investigación en
el Sistema Penal Acusatorio, se destacan, en virtud de su importancia durante
la fase du Juicio oral. En el caso de que esté enfrentando un proceso penal, contáctenos aquí para asesoría, representación profesional y eficaz en el Sistema Pena
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En esta acción la corte establece mediante jurisprudencia que el HABEAS CORPUS REPARADOR es una vía idónea con el objetivo de obtener que un detenido, sea trasladado de un centro de detención ubicado fuera del área de distrito judicial en el que sustancia e proceso por el cual esta privado de su libertad, a un centro de detención ubicado dentro de distrito judicial al cual pertenece e Tribunal que lleva la causa.